Celler & Solvo Abogados es un despacho jurídico con sede en Salamanca, y oficinas adicionales en Madrid y Peñaranda de Bracamonte. Fundado en 1983, la firma cuenta con una sólida reputación y una vasta experiencia en la defensa de derechos tanto a nivel nacional como internacional, abarcando España, Inglaterra y América Latina.
La empresa se especializa en diversas áreas del derecho, brindando asesoramiento tanto a particulares como a empresas. El equipo está compuesto por más de 20 profesionales, incluyendo abogados especializados, arquitectos, economistas, gestores y procuradores de los Tribunales, todos ellos comprometidos con ofrecer soluciones personalizadas y eficaces.
Entre los servicios ofrecidos por el despacho se incluyen:
- Contratos de arrendamiento, hipotecarios y de todo tipo
- Separaciones y divorcios
- Reclamaciones civiles y desahucios
- Derecho mercantil y sociedades
- Derecho laboral y seguridad social
- Gestión urbanística y derecho inmobiliario
- Derecho administrativo y contencioso-administrativo
- Derecho bancario y financiero
- Derecho marítimo y de transporte
- Derecho penal y medioambiental
- Procedimientos concursales
- Derecho de las tecnologías de la información
La firma también se destaca por su colaboración con universidades de renombre como la Universidad de Salamanca, la Universidad SEK, la Universitá di Foggia en Italia y la Universidad de Coimbra en Portugal, lo que fortalece su área de Gestión del Conocimiento y Tecnologías.
El despacho está bajo la dirección de Pedro Antonio Gil García, un abogado con más de 20 años de experiencia y una destacada trayectoria en diversos campos del derecho, especialmente en derecho civil, mercantil, urbanismo, marítimo y concursal.
Celler & Solvo Abogados se caracteriza por su atención personalizada, celeridad en la resolución de casos y un fuerte compromiso con la satisfacción del cliente, contando con más de 2.200 clientes satisfechos y más de 3.000 expedientes positivos en sus años de ejercicio.
El equipo de profesionales de la firma incluye, entre otros, a Luis Rufo, experto en derecho laboral y penal, y a Alejandro Martínez, especialista en derecho administrativo y ambiental. Además, cuentan con una red de colaboradores en distintas áreas del derecho y en diversas localizaciones geográficas.
